Rueda, más cercana que crítica del gobierno, en su más reciente columna cuestiona duramente la probidad del ministro de hacienda, que además terminó poniendo al gobierno a defenderlo a él en vez avanzar en los temas de hacienda pública, y lo invita a aisistir al debate de control político citado por el Senador Jorge Robledo. Para bien, la discusión sobre la corrupción en el país ha superado el tema de lo que es o no legal, y empieza a cuestionarse sobre lo que está bien. A continuación, reproducimos la columna.
Un fantasma que pide turno
Por Maria Isabel Rueda @MIsabelRueda, El Tiempo
Una columna reciente de Daniel Coronell en que revive hechos denunciados desde el 2012 revolvió el avispero acerca de si el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, debe seguir en su cargo o no.
Confieso que a mí me extrañó su designación. La duda tiende más bien a plantear si eventualmente tendría impedimentos éticos, al haber embarcado a 117 alcaldes en créditos a altísimos intereses que no podían además ser prepagados antes de 19 años, para invertir en acueductos.
Los primeros que detectaron que esta operación iba a salir mal, porque los alcaldes no habían presentado estudios mínimos de prefactibilidad, fueron el entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y su sucesor, Luis Felipe Henao, desde el año 2012. Vargas paró la segunda emisión de esos bonos y Henao hasta presentó denuncia penal. ¿En qué habrá parado todo eso? Como a muchos municipios los estructuradores de la deuda no les exigieron siquiera diseños o estudios de factibilidad, las obras no fueron funcionales, o no se hicieron, y los municipios quedaron empeñados.
Según el esquema financiero estructurado por Carrasquilla, cada municipio firmaba un contrato de crédito y comprometía recursos futuros del Sistema General de Participaciones. Entonces se hacían los giros directos a una tasa de UVR + 11 %. Y ahí va la primera pregunta: ¿por qué unos préstamos garantizados por el propio Estado, que por ser tan seguros podrían tener asignada una tasa de interés moderada por su bajo riesgo, tuvieron por el contrario unos intereses leoninos sobre una deuda que ni siquiera podía ser prepagada?
En conclusión, para el año 2013, el Ministerio de Vivienda registró que 40 municipios presentaron riesgos frente al uso inadecuado de los recursos. En 65 municipios se encontraron alarmas de desvío, de no tomarse inmediatamente las medidas pertinentes. Y si bien en 29 municipios las obras estaban terminadas, tan solo en 12 de estos se determinó que los recursos cumplieron con el fin para el cual fue tramitado el crédito y se hizo una adecuada ejecución de este.
Y, como es obvio, en la mayoría de los municipios no se adelantaron procesos de selección que garantizaran pluralidad de oferentes, sino contratación directa sin contar con estudios que garantizaran idoneidad, experiencia y capacidad de los contratados. Otros contratos no tenían interventoría externa, sino la de los propios funcionarios de la alcaldía; existían contratos sin liquidar y había obras abandonadas por los contratistas. Es decir, entregarles a los alcaldes dinero a cargo de los recursos futuros no garantizó la construcción del acueducto, sino que en muchos casos se llevaron la plata. En el 2014, al Gobierno le costó 440.000 millones este esquema fallido montado por Carrasquilla y tuvo que enviar al rescate a Findeter, comprando la deuda por la mitad de los intereses que se venían cobrando.
La pregunta es si Carrasquilla, como estructurador del proyecto, pudo haber pactado unas tasas de interés mucho menos altas, pudo haber permitido el prepago de la deuda y pudo haber desplegado mayor control en que los dineros de la fiducia iban a ser invertidos en proyectos estructurados o que tuvieran un mínimo de prefactibilidad.
Me parece imperativo que el ministro Carrasquilla acuda la semana entrante al debate de control político al que lo han citado al Congreso. Tiene derecho a defender su buen nombre en este debate, que es político, pero sobre un tema moral.
Una vez eso suceda, deberá pensar el presidente Duque dos veces si, pase lo que pase en el Congreso, Carrasquilla es el hombre para liderar no ya una reforma tributaria sino la ‘ley de financiamiento’ que acaba de anunciar para tapar un faltante de 25 billones de pesos del presupuesto.
Carrasquilla es un gran economista, muy estructurado y buen negociante. Pero será quien tendrá las facultades de bajarles unos impuestos a unos colombianos y subírselos a otros, y este ministro, a causa de la controversia desatada por los bonos de agua o bonos Carrasquilla, lleva dos perdigones bajo las alas que debilitan su vuelo. O el Gobierno se dedica en las próximas semanas a defenderlo a él, o más bien a defender la singular ‘ley de financiamiento’ anunciada por Duque, que para unos es el nuevo nombre, menos confrontacional, de la inevitable reforma tributaria.
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