La semana pasada las redes sociales explotaron con un video donde el senador Álvaro Uribe, en medio de un evento de campaña del Centro Democrático, se comunicó desde su celular con la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, y la puso en altavoz para que todo el auditorio la escuchara. La situación causó molestia, porque se evidencia como un Senador de la República da órdenes a los órganos ejecutivos del Presidente Duque, irrespetando la separación de poderes consignada en la Constitución Política (video más abajo).
En la llamada, el expresidente pide que sean atendidos lo más pronto posible dos de sus emisarios, los congresistas Carlos Felipe Mejía y Fernando Gómez, quienes viajarán a primera hora del lunes a la oficina de Martínez.
Tras la llamada ha quedado la pregunta sobre si estos hechos sobrepasan los límites del delito de tráfico de influencias. Esto considerando que el artículo 411 del Código Penal establece que: “El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
En la llamada se puede escuchar al senador Uribe “recomendado” a la funcionaria en cuestión el caso de los “compañeros” (líderes de Centro Democrático, Conservador, Liberal, Mira, La U y Cambio Radical) del municipio de Riosucio, mientras que la funcionaria le pide el envío de información de los casos particulares para poderlos estudiar. Una recomendación con un peso importante, pues proviene del líder político del partido de gobierno, y de la cual no gozan el resto de ciudadanos cuyos procesos se encuentran pendientes en la Agencia Nacional de Tierras siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad para su estudio.
No es la primera vez que el Centro Democrático irrespeta las leyes colombianas, de hecho, hace apenas unas semanas, el 28 de febrero, la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, permitió la intervención de un precandidato de este partido a la gobernación de Boyacá en un acto institucional en el municipio de Sativanorte. Por estos hechos, la Procuraduría suspendió por tres meses a la directora por participación en política.
El resultado
Como lo informó La Silla Vacía hace unas horas, ‘la llamadita’ de Uribe y su presunto tráfico de influencias tuvo efecto. La ANT va a reabrir la discusión, como quiere Uribe.
El acercamiento de un sector minoritario de habitantes del municipio a la ANT a través del partido de Gobierno le da más razones a los indígenas de Riosucio para permanecer en la Minga.
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