Colombia, Venezuela e intereses militares de EE.UU. en la región

La semana pasada se hicieron virales algunas fotos y vídeos sobre la presunta presencia de militares norteamericanos en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela. En seguida, esta información fue desmentida por el ejército colombiano aclarando que, aunque los vídeos eran actuales, los militares hacían parte del Ejército Nacional y no del estadounidense. De igual forma, el reconocido proyecto de verificación de información ColombiaCheck desmintió la información, precisando que el uniforme que aparecía en los vídeos correspondía al del Ejército de Colombia.

Sin embargo, lo anterior se da en el marco de varios hechos que sí son ciertos. El 26 de marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Maduro y a altos funcionarios y exfuncionarios de Venezuela de narcotráfico, ofreciendo 15 millones de dólares como recompensa. El 31 de marzo, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dio a conocer un nuevo plan de transición “democrática” para Venezuela que permitiera derrotar el gobierno actual, con la propuesta de un gobierno de transición sin Guaidó ni Maduro. Apenas 24 horas después de esta noticia, el presidente Donald Trump comunicó una operación antinarcóticos ampliada que implicó la duplicación de las fuerzas militares estadounidenses en la región, puntualmente en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Los anteriores sucesos hacen parte de la agresión sistemática del gobierno norteamericano a la soberanía de las naciones. No es la primera vez que EE. UU. recurre a la intromisión en la política interna de otros países para justificar sus acciones. Con excusas similares invadió y masacró al pueblo de Libia, Siria, Granada, Iraq y una gran lista de países.

Otro método de agresión e intromisión es realizado mediante acuerdos con gobiernos antinacionales, como el nuestro. Colombia es el país que más recibe “ayuda” militar de EE. UU. en la región. Apoyos condicionados al endeudamiento, acuerdos económicos leoninos y compra de paquetes de guerra a empresas norteamericanas.

Con la antidemocracia que caracteriza las relaciones entre EE. UU. y Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe en 2005, se iniciaron las negociaciones para instaurar bases militares norteamericanas en el territorio nacional. El actual senador decidió ofrecer al gobierno norteamericano un acuerdo de cooperación militar que incluía beneficios legales para los militares estadounidenses, siete bases militares y acceso a la información de inteligencia colombiana¹.

Según investigaciones de Sebastián Bitar, profesor de la Universidad de Los Andes, estas bases se aprobaron en el país de forma tan antidemocrática, que el acuerdo ni siquiera pasó por el Congreso -regla básica en una democracia-. Juan Manuel Santos, en ese momento ministro de defensa de Uribe, estuvo a cargo de las negociaciones con la embajada norteamericana y fue quien justificó este nuevo acuerdo como una prolongación de un acuerdo anterior. Este acuerdo da inmunidad diplomática y libertades por encima de la Constitución Nacional a los militares norteamericanos. Con este mico, el gobierno colombiano evitó un debate nacional sobre esta violación a la soberanía.

A pesar de que la Corte Constitucional decidió tumbar el acuerdo por vicios de procedimiento, Estados Unidos logró intervenir sobre siete bases militares en el país de manera secreta, con un acuerdo informal que, según la inteligencia norteamericana, aprobaron Uribe y Santos en el año 2009². El acuerdo final concedía a EE.UU acceso a siete bases militares colombianas y un número no especificado de aeropuertos y puertos marítimos³, situación que facilitaba las condiciones a los norteamericanos.

Por este motivo, la intervención norteamericana sobre estas bases no están sustentadas en ningún documento formal, normativa o acuerdo que permita regularlas, vigilarlas o denunciarlas. Operan con total y absoluta impunidad y con el beneplácito de las élites criollas, de todos los partidos tradicionales.

Estas bases están ubicadas en Palenquero (entre Cundinamarca y Caldas) Apiay (Villavicencio), Bahía Málaga (Valle del Cauca), Tolemaida (Melgar-Tolima), Malambo (Atlántico), Larandia (Florencia Caquetá) y Cartagena. Por su ubicación geoestratégica, estas bases no solo vigilan operaciones militares, sino también las fronteras de Colombia con otros países. El gobierno colombiano no solo entregó su soberanía, sino la de la región.

Lo anterior con el agravante de que las operaciones realizadas en las bases militares no están a cargo del gobierno de EE.UU. directamente, sino de mercenarios privados pagados a sueldo, como lo denuncia Castro Caycedo⁴ en varias de sus obras. Con la derrota de EE.UU. en la guerra de Vietnam, el país del norte decidió privatizar la guerra y tercerizarla a partir de la contratación de empresas de mercenarios. Por supuesto sin perder la dirección de cada una de las acciones. Esta es la forma neoliberal de dejar los conflictos al mercado. Con esta característica, EE. UU. no responde ante ningún acuerdo internacional de regulación de la guerra, ni ante la OTAN, ni ante la ONU. Es más, el 20 de octubre de 2001 la ONU prohibió el uso de mercenarios en conflictos, pero ni EE. UU., ni Israel, ni Gran Bretaña firmaron el acuerdo⁵.

En este contexto, las amenazas y la presión militar del gobierno Trump a Venezuela son preocupantes, máxime cuando declaraciones de funcionarios de EE. UU. y las declaraciones del Ministerio de Defensa colombiano confirman el involucramiento de nuestro país en dichas acciones (ver entrevista con Brownfield en El Tiempo donde reconoce la participación colombiana en las últimas operaciones).

El anuncio de Trump sobre Venezuela es una nueva ruptura del principio de coexistencia pacífica entre países y vulnera la soberanía de las naciones. El país vecino debe resolver de forma soberana sus problemas internos, de manera democrática y respetando los Derechos Humanos. De ninguna manera el gobierno colombiano debe respaldar las agresiones de Trump al pueblo venezolano.

El gobierno de Iván Duque debe dar respuesta a la petición que le han hecho congresistas y agremiaciones democráticas del país y abstenerse de utilizar nuestro territorio para respaldar las acciones militares estadounidenses. Es inadmisible que el gobierno aproveche la crisis del COVID-19 para respaldar las arbitrariedades de potencias extranjeras. Quienes defendemos la democracia debemos rechazar el proceder de EE. UU. y recordar la historia, porque cualquier acción que agreda a Venezuela sin duda también nos afecta a nosotros.

Referencias:

1. Castro, Caycedo, G. (Septiembre de 2014). Nuestra Guerra Ajena. Ed: Planeta. Colombia, Bogotá.
2. Ibíd.
3. Ibíd.
4. Castro, Caycedo, G. (Septiembre de 2014). Nuestra Guerra Ajena. Ed: Planeta. Colombia, Bogotá
5. Ibíd.