«Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre», pidió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Esta nueva intromisión gringa en los asuntos internos de los colombianos —otro pisoteo más a la soberanía nacional— es parte de la artillería utilizada para presionar a la Corte Suprema de Justicia, cuestionando su decisión de dictar detención preventiva domiciliaria al ahora exsenador Álvaro Uribe en el proceso penal por soborno a testigo y fraude procesal. Uribe interpuso una demanda en contra del senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, en cuyo proceso quedó al descubierto que el ex presidente falseó la verdad “armando pruebas” por lo cual Cepeda, de manera valiente y ejemplar, insistió ante la justicia la investigación en contra de Uribe. La Sala de Instrucción del alto tribunal dijo que las pruebas en contra de Uribe son «claras, inequívocas y concluyentes», porque actuó con «conciencia de la ilicitud», además «podría obstruir la justicia», y era «el presunto determinador de los delitos». Agregó que «puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes, el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor».
La revista Semana del cuatro de este mes, en el artículo«»Uribe: el mapa judicial del expresidente», asegura que «la investigación por el presunto fraude de testigos es el que más ha avanzado… Su nombre aparece en decenas de casos, mucho antes de que llegara a la Casa de Nariño… Uribe ha tenido alrededor de 200 denuncias en la Comisión de Acusaciones sobre supuestos hechos ocurridos cuando era presidente. Y alrededor de 30 procesos en la Corte Suprema, que se remiten a señalamientos de cuando era congresista o gobernador». En Colombia no puede haber personas intocables para la Ley, cuya justicia debe ejercerse con base en los principios del derecho penal y el respeto al debido proceso. Todos los habitantes, sin distingos, deben someterse a sus decisiones. Los colombianos rechazan las reacciones del presidente Iván Duque, de su partido Centro Democrático y la injerencia de EE.UU. en los asuntos internos del país, con la pretensión de presionar a la Corte Suprema.
Dentro de las posibles conductas punibles que los tribunales de justicia no le han investigado a Uribe, está el delito de Traición a la Patria por entregar el país a los EEUU, evidencias que recoge el senador Jorge Robledo, en el libro «El TLC recoloniza a Colombia. Acusación a Álvaro Uribe Vélez», año 2007, en donde explica las razones que lo llevaron a denunciarlo penalmente. Robledo demuestra que «ese TLC menoscaba la integridad territorial y vulnera el interés nacional». Este, junto a otros TLC, son parte de las herramientas de la globalización, iniciada desde César Gaviria y continuados por todos los demás presidentes, incluido Iván Duque, que acentuaron el saqueo de las transnacionales sobre el país. Se trata de una conspiración continua contra los intereses colectivos de los colombianos. ¡Algún día la patria los juzgará!
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