Las vacunas han sido un paso gigantesco en la humanidad y son una esperanza para darle la vuelta a este 2020 pandémico. ¿Llegarán oportunamente, con efectividad y sin daños graves a quienes las necesitan en el mundo y especialmente en nuestro país? Expertos del UCL IIPP en Londres hicieron un llamado de atención: a pesar de las noticias alentadoras, este no sería el anhelado comienzo del fin de la pandemia del covid porque «no hemos terminado de empezar a lograr lo que realmente se necesita: una ‘vacuna de la gente‘», disponible para todos en cada país y gratuita, como debería ser.
Y es que seamos justos: ¿es el salto tecnológico de tener en pocos meses casi listas varias candidatas de vacuna —sorprendente sin duda— mérito exclusivo de unas farmacéuticas? Para Mariana Mazzucato, ese salto «se hizo desde un trampolín de décadas de inversión pública a gran escala en investigación y desarrollo» (más sobre el tema). Las principales vacunas en carrera hoy se basan en una técnica que es posible gracias a años de investigación en los institutos nacionales de salud. Pero no solo las bases, la plata pública llegó directamente a las farmacéuticas: de Alemania 445 millones de dólares a BioNTech (socia de Pfizer), más de mil millones de dólares de dos organismos estadounidenses a Moderna, y de varias naciones de primer mundo cerca de 1.300 millones de dólares a AstraZeneca‑Oxford.
Además, están los desarrollos estatales con grandes recursos en la tercera fase de ensayos clínicos (la última antes de poder aprobar su uso), como la vacuna rusa Sputnik V y las cuatro vacunas chinas sin patente (con mil millones de dólares para financiar el acceso a países latinoamericanos).
El sistema de innovación actual antepone los intereses de los países de altos ingresos a los del resto y las ganancias a la salud pública. Los expertos señalan los siguientes problemas: (i) no hay plena transparencia en resultados de los ensayos clínicos para una evaluación independiente y rápida de seguridad y eficacia; (ii) hay preguntas cruciales sobre las principales candidatas que todavía no tienen respuesta y dificultan el diseño de estrategias de vacunación eficaces; (iii) el proceso de distribución de las vacunas sigue dominado por los intereses nacionales de los países desarrollados (aunque es un avance, Covax pierde efectividad frente a inmensos acuerdos bilaterales de compra anticipada de países ricos, que ya tienen más dosis que el resto de países, y al ser promovida por la Ocde y el Banco Mundial, entre otros, puede terminar siendo otra forma de mercadeo de las grandes farmacéuticas y no de opciones más asequibles desarrolladas sin patente); (iv) el modelo de innovación farmacéutica hiperfinancierizado (con la posibilidad de una ganancia inesperada, los inversores aprovechan cotizaciones astronómicas y crecientes plusvalías y liquidan las acciones de una empresa el mismo día que esta anuncia resultados preliminares, dejando una “vacuna para la gente” en segundo plano).
La conclusión: antes de que llegue la próxima pandemia, tenemos que entender que las vacunas son bienes públicos comunes y empezar a reorientar el sistema de innovaciones hacia un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada que se rija por el interés público. No puede permitirse que los monopolios y la competencia se interpongan en el camino de la necesidad universal de salvar vidas.
Ahora, los llamados países no desarrollados están en doble desventaja: su gente es la más vulnerable y su peso es poco a la hora de asegurar una vacuna, no solo por la ausencia de inversión en ciencia y tecnología en el pasado, sino por la falta de músculo para competir por dosis en el mercado. Colombia además de hacer parte de este grupo, ha estado en las peores manos.
Las decisiones del gobierno de Iván Duque han sido, una tras otra, en contra de la salud, el progreso industrial y científico y el empleo de los colombianos, mientras favorece potencias y farmacéuticas. El país votó contra la propuesta que se discutió en la OMC para acceso libre a las vacunas (más sobre el problema de las patentes). El éxito de la propuesta hubiese significado acceso más rápido y a menos costo a una vacuna. La de Duque, sólo se compara con las hazañas de sus antecesores que desde hace 30 años abandonaron la «estrategia de crecimiento económico basada en la actividad industrial» y la sustituyeron con importaciones por imposición de la banca multilateral —y en especial de Pastrana y sus ministros de hacienda Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Santos—. Gracias a esto, nuestro Instituto Nacional de Salud —INS— dejó de producir vacunas más o menos hace 20 años, luego de haber erradicado la viruela y a pesar de las advertencias de científicos como Moisés Wasserman de posibles escenarios como el actual.
El país cuenta con —al parecer— solo el 30 por ciento de la población potencialmente cubierta, es decir, 15 millones de personas: 10 por nuestra participación en Covax con un costo de $ 427 mil millones de pesos y 5 con una compra Pfizer por $ 437 mil millones (aún sin confirmar, y sí, casi lo mismo por la mitad de dosis, alrededor de 12 dólares por dosis, 240 veces lo que valía en promedio una vacuna producida en el país). Y la de Pfizer —farmacéutica que se aferra al modelo de maximizar beneficios para sus inversionistas según los expertos citados— requiere condiciones logísticas que muy seguramente no podremos cumplir o costarán mucho, pues es de dos dosis y se debe conservar -70 °C, una temperatura inferior a la del invierno antártico (ya Brasil dijo no tener capacidad para hacerlo). Chile, país con el que nos gusta compararnos, ya tiene 84 millones de dosis compradas de manera bilateral (más de 4 veces su población); Ecuador tiene cubierta a la mitad de la población de la misma manera; y ambos países están también en Covax (vacunas en latinoamérica).
Por otro lado, lo poco que se sabía de varias candidatas corresponde a comunicados de prensa y no a un análisis científico de los datos. Apenas el 10 de diciembre, días después de los anuncios, salió la primera publicación científica de la de Pfizer, y esta, como la de Moderna, usan la nueva tecnología de mRNA cuya seguridad y eficacia a mediano y largo plazo se desconoce (se ha usado contra el cáncer con resultados no tan buenos).
Los efectos secundarios no se conocen en su totalidad. En el caso de Pfizer, 27 por ciento de las personas que recibieron la vacuna en los ensayos reportaron eventos adversos y algunos de los primeros vacunados tuvieron reacciones alérgicas (en Reino Unido y EE.UU.) no vistas antes. No hay más que algunos testimonios de voluntarios, ya que según la compañía “el estudio sigue siendo ciego”. Hasta cierto punto, lo anterior es normal, pero acá viene la perla: las farmacéuticas no responderán por efectos adversos según la iniciativa legislativa con mensaje de urgencia del gobierno para la adquisición y suministro de vacunas (advirtieron los congresistas Jorge Robledo y Juanita Goebertus).
Para finalizar, no sobra recordar que desde hace más de 5 meses y sin tregua, en Colombia mueren más de 150 personas al día por el nuevo coronavirus. Por ellas, el pasado día de las velitas prendimos una vela de dignidad.
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