Es muy dado a quienes diseñaron la Superestructura del Estado colombiano la utilización de términos eufemísticos para esconder la cruda realidad. Por ejemplo, tipificaron los “homicidios colectivos”, con lo cual disfrazan la crueldad de las masacres, que tiene su auténtico significado en los diccionarios: “Masacre es un un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas” y describe de forma mucho más real a sus «homicidios colectivos». El Centro Nacional de Memoria Histórica indicó que «entre 1958 y el 22 de octubre de 2018, en Colombia se han ejecutado 4210 masacres, que han dejado 24.447 víctimas mortales, de las cuales 23.937 corresponden a la población civil». Para el Gobierno Nacional son simples “homicidios colectivos”, le resta fuerza a esa aterradora denuncia y sobre todo a la inmensa impunidad.
Aún más cruel es el eufemismo denominado “falsos positivos”, detrás del cual se esconden los atroces asesinatos ordenados, dirigidos y ejecutados por agentes del Estado contra personas civiles, muchas de ellas en condición de discapacidad o vulnerabilidad, para hacerlas pasar como guerrilleros caídos en combate. La lucha de los familiares de las víctimas, acompañados por personalidades democráticas, encontraron eco en la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— que el 18 del pasado mes de febrero reveló en la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos: «La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación (…) Identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78 % del total de la victimización histórica (…) Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos en 2009 (…) La Sala de Reconocimiento priorizó 6 subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero a nivel local, después al nivel regional y nacional de responsabilidad». En la génesis de todo está una violencia armada que los colombianos rechazamos provenga de quien provenga.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró su satisfacción por los avances de la investigación y a través de su portavoz, Liz Throssell, explicó que «su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”»; así mismo, respaldó a la Jurisdicción Especial para la Paz porque «está tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad» que servirán para que el país «aborde las graves violaciones al derecho internacional y la no repetición». También José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, dijo que fue una conducta sistemática de las fuerzas militares. La JEP tiene respaldo nacional e internacional para que logre esclarecer y propiciar la condena de los criminales intelectuales y materiales. Como lo señala el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux: ¡la violencia no ha arreglado nada y lo ha empeorado todo!
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