En el año 1971 el Acuerdo de Bretton Woods —en el que se contempló el nuevo orden económico mundial donde Estados Unidos era el protagonista central de las relaciones del poder— llegó a su fin y con este acontecimiento se inauguró la era de neoliberalismo económico, con la “eficiencia” como su lema principal. Se llamó neoliberalismo porque reencauchó la idea original del liberalismo económico del siglo XIX e inicios del XX y entró en la vida política de los países occidentales con el ascenso de Margaret Thatcher como primera ministra británica.
El neoliberalismo consiste básicamente en una radical privatización de las empresas estatales, la reducción del tamaño del Estado y la no intervención de este como regulador del mercado. En palabras del profesor Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard: el neoliberalismo “denota una preferencia por los mercados sobre el Gobierno, los incentivos económicos sobre las normas sociales o culturales y la empresa privada sobre la acción colectiva o comunitaria”.
Este modelo llegó a Colombia con la instauración de la Constitución Política de 1991 y desde entonces cada uno de los gobiernos nacionales de turno lo han venido implementando y fortaleciendo, al punto de que en 1993 el Congreso de la República aprobó la Ley 100 que regula el Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social, a pesar de que la misma Constitución contempla que el derecho a la Salud es un derecho público a cargo del Estado.
La Ley 100 es el claro ejemplo de cómo la sobrevalorada constitución permite el trato neoliberal de los derechos: reduce el papel del Estado para no responsabilizarse por brindar las garantías de acceso a salud creando un modelo de mercado a disposición del capital privado.
La circunstancias actuales que obligaron a Iván Duque a declarar con mucha premura la emergencia sanitaria por la COVID-19 para evitar el colapso del precario sistema de salud, que con rol reducido del Estado y los intereses de los capitales privados agenciados especialmente por las Empresas Promotoras de Salud EPS, terminará siendo una amenaza más grande que el propio virus, evidenciando una realidad: la incapacidad de brindar la atención de los servicios de salud a los más vulnerables, los que más mueren hoy por la pandemia.
Las Instituciones Prestadoras de Salud —IPS (como hospitales y clínicas) son las que están en la primera línea de combate contra esta pandemia, y muchas —entre públicas y privadas— han cerrado, están al borde del colapso o han clausurado servicios por las billonarias sumas que les adeuda el cartel de la salud en el que se han convertido las EPS (que ascienden a más de $12 billones). El ejemplo más claro es la crisis de Medimas: se ordenaron cierres de servicios en seis de sus clínicas, en algunas cierre de total. Miles de pacientes se quedaron sin los servicios de salud básicos, poniendo en riesgo su vida, congestionando aún más la red hospitalaria y terminando en el paseo de la muerte como una constante.
El abandono, la negligencia, y la ineficiencia de la salud por medidas empresariales que buscan “optimizar” los costos operativos terminan por generar incumplimiento en cobertura y calidad donde los ciudadanos se convierten en víctimas de un sistema concebido para el pillaje; y que fríamente considera al paciente como un simple usuario, así como aquel que adquiere servicios financieros. La vida no tiene el menor valor ante el señor capital. Entre 1998 y el 2011 el 53% de las muertes en Colombia se pudieron evitar, dados los conocimientos y la tecnología existente. En Colombia una de cada 2 personas no debieron morir.
Con la actual crisis se abre una oportunidad excepcional para Colombia: que todos nosotros nos demos cuenta por fin de que el modelo de salud instaurado en los años 90s fracasó y que la dignidad y la vida humana no se puede ver como una mercancía con la que se negocia, y nos decidamos de una vez por todas a organizarnos y luchar por establecer la salud como un verdadero derecho fundamental y por crear un sistema público y universal que no solo cure de verdad sino que prevenga la enfermedad.
Por todos pero en especial para quienes tienen que padecer todos los días del año las diferentes y horrorosas formas tan excluyentes de vivir en esta sociedad marcada por tantas desigualdades, se requiere de la derrota del modelo neoliberal impuesto por las grandes potencias a Colombia y a toda Latinoamérica. Este es el mensaje que nos debe dejar una de las peores crisis que haya sufrido la sociedad colombiana contemporánea.
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