La pandemia global que atravesamos ha develado la poca importancia que los gobiernos en la era de la globalización le han dado a la ciencia y a los sistemas de salud. Son sectores abandonados a su suerte, sin recursos, que poco a poco han sido degradados de derechos a simples mercancías.
En Colombia, el personal científico y con mayor severidad los trabajadores de la salud han sufrido en carne propia 30 años de neoliberalismo, que bajo la ley 100 ha conducido a inmensas privatizaciones de infraestructura médica esencial, intermediación financiera a través de las EPS, inmensa corrupción con la plata de la salud, y sobre todo una intensa precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de este vital sector.
Hoy la mayor parte de los trabajadores de la salud son mal pagos, tienen sobrecarga laboral, tienen contratos de prestación de servicios y no laborales y para rematar les demoran sus cuentas de cobro por meses, la estabilidad laboral es mínima, muchos no tienen seguridad social, y ni siquiera les suministran los elementos de bioseguridad mínimos que requieren la atención de enfermedades tan contagiosas como el Covid-19.
Muchos colombianos hemos salido a aplaudirlos por su labor pero el gobierno nacional, la ley 100, las ARL y el sistema de salud en general los han mandado a la guerra sin los equipos necesarios, exponiendo su vida y la de sus familias a cambio de seguirlos maltratando con pésimas e indignas condiciones laborales.
El equipo que le pone el pecho al virus, conformado en un 73% por mujeres, tiene el derecho a recibir todos los elementos de bioseguridad que le permita reducir su riesgo de contagio. Médicos, bacteriólogos, terapeutas, psicólogos, enfermeros, camilleros, asistentes, conductores de ambulancia, paramédicos, y demás profesionales, técnicos y auxiliares que laboran en el entorno médico son verdaderos héroes y heroínas y debemos tratarlos como tal. Eso implica destinar los recursos que sean necesarios para proteger la vida de nuestra primera línea de batalla contra el virus.
También requieren de acompañamiento psicológico, que resulta determinante como lo han demostrado los casos de Italia y España donde el personal médico presenta problemas de ansiedad, estrés postraumático y depresión por la grave situación a la que se ven expuestos y a la que se suma la estigmatización y persecución de las que son víctimas por algunos de sus vecinos. Conducta absolutamente estrecha, egoísta y reprochable.
En plena emergencia de salud, nos damos cuenta de cuánta razón tenían el movimiento de las batas blancas de 2014 y todos los profesionales y trabajadores de la salud que han salido a protestar durante años por mejoras en sus condiciones laborales, así como las inmensas movilizaciones del 21 de Noviembre donde se oía retumbar como un himno que “primero lo primero, salud y educación”.
La solución estructural: Derogar la ley 100 que privilegia el negocio sobre el derecho a la salud. Cambiar el modelo ya. Y no se trata de estatizar el sector ni mucho menos de volver al modelo anterior del Seguro Social, pues se necesita el concurso de hospitales públicos y privados. El problema son las EPS que son unos intermediarios que se roban la plata —como lo han demostrado los escándalos de Saludcoop, Cafesalud y Medimás— y la tercerización de los trabajadores.
Es necesario entonces que Duque tome medidas efectivas que garanticen las condiciones de seguridad del personal de la salud y ordene el giro directo a las clínicas y hospitales, prescindiendo de la intermediación de las EPS —como lo ha propuesto el Senador Robledo—, así como construir un modelo de salud alternativo que parta por fortalecer prevención y promoción, con acciones de salud pública que actúen sobre determinantes sociales del proceso de salud, con una red de prestadores fuerte, y sobretodo garantizar condiciones dignas para los trabajadores que se dedican nada menos que a salvarnos la vida.
Necesitamos soluciones YA, y como dijo una epidemióloga en Twitter: ¡No queremos placas post morten, queremos seguridad para protegerles la vida!
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