Por iniciativa de un grupo de jóvenes hemos querido exponer la viabilidad del pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro, CNP, organización que vemos como instancia legítima, pues agrupa a múltiples organizaciones e iniciativas colectivas que por años han participado del movimiento social y que representan a grupos importantes de sus respectivos gremios y sectores. En este artículo explicaremos la necesidad de derogar el Decreto 1174 de 2020, como solicita el punto 6 del pliego de emergencia.
Aunque el Paro Nacional de 2019 logró detener los intentos de reforma laboral y pensional anunciados por el Gobierno, el Presidente aprovechó las facultades extraordinarias que tuvo en la pandemia para expedir el Decreto 1174, que desarrolla el artículo 193 de su Plan Nacional de Desarrollo, llamado Piso de Protección Social. Este Decreto fue una reforma laboral y pensional inconsulta y camuflada, cuyo contenido hace parte de los mandatos que preparó la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para Colombia.
El engañoso Piso de Protección Social consiste en que los trabajadores, o contratistas a tiempo parcial en periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal, que ganen menos de 1 salario mínimo, se afiliarán al Régimen Subsidiado en Salud y al programa BEPS, con lo que el empleador no tendrá que hacer aportes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) ni cajas de compensación familiar. El trabajador perderá el derecho a que su empleador pague esos aportes. También perderá la posibilidad de acceder a una verdadera pensión, pues el programa BEPS es una modalidad de ahorro individual a cambio de transferencias en la vejez, mucho menores a un salario mínimo, es decir, inferiores a la pensión mínima. De esta manera se niega el derecho a la pensión y se rompe la solidaridad intergeneracional en el sistema pensional.
Al abaratar los costos de la contratación, se incentiva a los empleadores a reemplazar contratos regulares con contratos a tiempo parcial que les permitan evadir los costos de seguridad social por la vía del “Piso de Protección”. En realidad nivelan por lo bajo las condiciones laborales. Según estadísticas del DANE el número de colombianos que sobrevive con menos de un salario mínimo asciende a más de diez millones y medio. El Gobierno miente al decir que estas medidas contribuyen a la formalización laboral de esta población.
Uno de los propósitos de Duque durante su gobierno ha sido desarticular las acciones conjuntas de los trabajadores, y en general del movimiento social en Colombia, debilitando su capacidad de organización y de negociación colectiva. El Decreto 1174 también persigue este cometido al normalizar la precariedad laboral. Estas medidas son especialmente duras contra la juventud, que es la más vulnerable en cuestión de derechos laborales.
Si se generaliza esta forma de contratación, el Gobierno habrá conseguido imponer el trabajo por horas, reducir drásticamente la seguridad social de los trabajadores y eliminar el derecho a la pensión al reemplazarlo con el programa BEPS. Por todo lo anterior, es un gran acierto del CNP incluir en su pliego la derogatoria de este decreto.
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