El pasado martes seis familias del sector Villa de la Paz en la localidad de San Cristóbal se levantaron con la incertidumbre de no saber qué hacer porque la administración distrital de Enrique Peñalosa junto con la alcaldía local y con la presencia del ESMAD llegó a desalojarlos de sus viviendas.
Las personas residentes del sector, que son sujeto de especial protección constitucional por su nivel de vulnerabilidad respecto al derecho a la vivienda, fueron desalojadas de sus casas en la mañana y posteriormente sus viviendas fueron derribadas por las autoridades. En los videos que fueron grabados por la comunidad de la zona se ve cómo se desmantelan las viviendas y son arrumadas las tejas de zinc con las que estaban construidas muchas de ellas.
La comunidad denuncia que entre las familias desalojadas hay personas de la tercera edad, niños y madres lactantes que quedaron sin dónde pasar la noche. Dentro de las personas desalojadas se encuentra una mujer con un niño de tres días de nacido que dice no tener ninguna persona que la reciba con su hijo y que terminarán durmiendo en la calle si la alcaldía no le da una solución.
Fue mayor la sorpresa de los habitantes de este sector cuando pidieron la orden escrita que justificara este procedimiento y esta no fue suministrada por las autoridades. El abogado Diego Bernal, que se encontraba acompañando a la comunidad en el momento del desalo, explicó a El Chapín que esta intervención es ilegal y arbitraria por parte de las autoridades: “Por no tener una resolución este procedimiento es abiertamente ilegal, no existe un acto administrativo que justifique esta intervención, tampoco existe un política de reubicación”.
El día de ayer la comunidad interpuso una acción de tutela donde se exige que se respete su derecho a la vivienda. La corte constitucional en diferentes sentencias ha manifestado que estos operativos de desalojo de comunidades no se pueden realizar sin la debida formulación de un plan de reubicación.
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