La soberanía alimentaria es un derecho que en las últimas décadas las diferentes naciones han estado trabajando, sin embargo, es importante entender que solo hasta la cumbre mundial sobre la alimentación en 1996 de Roma, se definió la idea de soberanía alimentaria, como “la soberanía y autonomía que deben tener los pobladores de una región con respecto a las políticas agrarias y/o alimentarias de sus respectivos países” garantizando una cuota alimentaria mínima para su población, al igual que las pautas que se necesitan para que este derecho sea cumplido. Entre estas políticas se encuentran las que dictaminan que los campesinos pueden producir alimentos con libertad de decidir qué quieren cultivar y cuál método utilizar. Así como el derecho de los países a defenderse frente a las importaciones agrícolas y su deber de proteger la producción campesina nacional.
Sin embargo, es importante resaltar que no todas las naciones tienen la voluntad política y económica para que sus habitantes puedan influir sobre las políticas agrarias y alimentarias. Lamentablemente, Colombia pertenece a este último grupo de países mencionado, en dónde según la Corporación de Grupo de Semillas en el artículo Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir de manera democrática plantea que el gobierno no tiene una postura muy clara frente a este tema y además tampoco trabaja a favor de garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Según el Comité de derechos Económicos, sociales y culturales en su artículo 11 del Consejo Económico y social estipula que todos los seres humanos deben alimentarse con dignidad sin importar la procedencia del alimento.
Es importante reconocer que el Estado Colombiano ha obtenido algunos frutos según el informe de “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo” (SOFI, por sus siglas en inglés) la hambruna en Colombia disminuyó de un 9,7% a 4,8% para el año 2018. Sin embargo, los mecanismos empleados por el estado no han sido los óptimos debido a que se ha priorizado la importación de alimentos a través de Tratados de libre comercio y alianzas con empresas trasnacionales sumando así una nueva problemática a los campesinos colombianos debido surge una depreciación de los mercados nacionales campesinos perjudicando así a todas las personas que trabajan en pro de la economía nacional.
Sobre esa base, aparece la modificación de la resolución 970 del 2010 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuaria) donde es importante resaltar que esta fue una medida tomada como respuesta a las condiciones que Estados Unidos le había impuesto al gobierno de Juan Manuel Santos para la ejecución del tratado de libre comercio (TLC). El objetivo principal de la resolución es tener un control de “la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y uso de semillas para la siembra en el país”
Si bien el instituto afirmó que esto se hacía con la finalidad de ejercer un control fitosanitario, es importante ir un poco más allá y ver el trasfondo, dicha resolución no solo deja por fuera las prácticas tradicionales de los campesinos, como guardar las mejores semillas de la cosecha para la siguiente temporada de siembra sino que también obliga a los pequeños productores a entrar a el comercio de las agroindustrias transnacionales a costos muy elevados, generando fuertes impactos en las economías campesinas puesto que pone en riesgo o incluso destruye los lazos de la comunidad campesina y genera una pérdida de apropiación de los territorios colombianos y de identidad en los campesinos y las campesinas que con los años han logrado resistir a las políticas que atentan contra la producción nacional de alimentos. Finalmente, como colombianas y colombianos debemos crear conciencia de las problemáticas que tiene el campo y su vez apoyar las luchas que los campesinos dan por su derecho a la vida digna, al trabajo y a cultivar con sus propias semillas.
Deja un comentario