Una mancha naranja se tomó las principales calles de Bogotá. Jóvenes con los ojos llenos de deseos de salir adelante, pero con las caras manchadas por el sol y la polución y el cuerpo cansado de ganarse el pan para sus familias con cada pedalazo, sorteando el tráfico infernal de la ciudad y con una pesada maleta en sus espaldas. Son los trabajadores de Rappi, una empresa que inició regalando donas en las calles del norte de Bogotá y que hoy está avaluada en mil millones de dólares.
Rappi es una empresa nacida dentro de la mal llamada “economía colaborativa”, hace parte de una tendencia de expansión global facilitada por sus bajos costos, y ha venido creciendo con una rapidez inusitada, llegando a tener presencia en los mercados de Brasil, Argentina y México, además de Colombia, donde son amos y señores del domicilio y doblan en número de descargas a su inmediato competidor.
Sin embargo, el crecimiento acelerado y la expansión desenfrenada de Rappi se enfrenta a una crítica concreta: sus trabajadores, los que se ven todos los días pedaleando o esperando pacientemente en las horas muertas, no tienen los derechos que le corresponden a todos los trabajadores por ley en Colombia.
Los domiciliarios, por la forma en la que son vinculados, no cotizan a pensión ni hacen aportes a salud, asunto que los afecta a ellos y a sus familias, al no contar con acceso al sistema de salud y al estar expuestos a quedarse sin fuente de ingresos ante accidente o enfermedad. Según Rappi, estos trabajadores son emprendedores que se conectan y desconectan de la plataforma libremente, sin ataduras de tiempo y de acuerdo a sus necesidades, argumento con el cual pretenden ocultar la relación laboral que existe con sus domiciliarios.
Un domiciliario de Rappi para ingresar a trabajar con la empresa primero debe comprarles el famoso maletín naranja con el logo, condición sin la cual no lo dan de alta en la plataforma. Además, comercializan impermeables, gorras, entre otros artículos, para que el domiciliario sea identificable. Toda una valla publicitaria andante.
En el derecho laboral, lo que diferencia a un contrato de trabajo de otras formas de contratación, como la muy difundida prestación de servicios, es la subordinación del trabajador para con su empleador. En la relación que sostiene Rappi con sus domiciliarios existe una subordinación oculta, ejerciendo veladamente un control sobre el trabajador que, a pesar de su forma, no deja de serlo. La Corte Constitucional, en sentencia C-386-2000, definió la subordinación como un poder jurídico que faculta al empleador para dirigir la labor del trabajador, imponiendo reglamentos, órdenes y con una facultad disciplinaria que le da la posibilidad al empleador de sancionar a su trabajador.
Los domiciliarios de Rappi están sujetos a ciertas condiciones, como, por ejemplo, cumplir personalmente el servicio, ya que si se comprueba que alguno presta su usuario para que otro trabaje es fuertemente sancionado. Las tarifas que cobran los domiciliarios por su trabajo ya están determinadas por la plataforma, lo que desestima el argumento de Rappi de que sus domiciliarios son trabajadores independientes, ¿acaso un trabajador independiente no tendría la facultad de cobrar libremente lo que a bien tenga por su servicio? A lo anterior se suman los reglamentos y fuertes sanciones a las que son sometidos, llegando a ser dados de baja de la plataforma por rechazar un pedido, por llegar tarde, etc.
Sin embargo, el mayor control ejercido por la plataforma sobre los domiciliarios es la llamada tasa de aceptación: A medida que pasen más tiempo conectados, más servicios les van a aparecer. Es decir, si alguien se conecta ocasionalmente, difícilmente le va a aparecer un servicio, lo que obliga al domiciliario a permanecer conectado, sin posibilidad de rechazar algún servicio, porque de inmediato se puede ver sancionado (por eso los vemos llenando los parques, andenes y demás).
Según datos proporcionados por los mismos domiciliarios de Rappi, solo en Bogotá hay más de 12.000 trabajadores. La empresa ha crecido desaforadamente con un producto ha calado profundamente en la sociedad, pero que se desarrolla a costa de la explotación sin garantías laborales de sus domiciliarios que son quienes han hecho de esta empresa grande, lo que ya ha sido juzgado por la justicia en otros países. En Barcelona, la Inspección de Trabajo decidió que las plataformas Glovo y Deliveroo -las equivalentes a Rappi en España-, ejercen como empleadores de sus domiciliarios y las obligó a afiliarlos a la seguridad social. Por su parte, un Juez en Argentina pidió prohibir Rappi hasta que sus trabajadores cumplan con las medidas de seguridad exigidas por el Código de Tránsito.
Es hora que las autoridades nacionales le pongan freno a esta siniestra y tramposa forma de explotación que se aprovecha de las inmensas necesidades que tienen muchos colombianos y venezolano que solo encuentran esta posibilidad para emplearse (es decir, que son dobles víctimas, primero de las condiciones económicas adversas de su país, y luego de la explotación laboral). No es justo que a diario se sumen decenas y decenas de personas con la esperanza de ganarse la vida dignamente, pero negándoseles la posibilidad de acceder a salud y a una pensión, profundizando aún más las condiciones de informalidad laboral y desigualdad que persisten en el país.
Deja un comentario