Los hechos
El Acuerdo 004 de 2013, del Consejo Superior Universitario CSU de la Universidad Distrital, presidido por el entonces alcalde Gustavo Petro y bajo la rectoría de Roberto Vergara, modificó la denominación del Instituto de Extensión y Educación No Formal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el de Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo humano IDEXUD. Sin embargo, se dio una modificación más importante, se ampliaron las competencias del Director, permitiéndole ejecutar montos por hasta 2.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes. En dicho cargo se nombró a Wilman Muñoz, cuyos manejos del IDEXUD encendieron alarmas por parte de la Contraloría por hallazgos tan graves como la sobrevaloración en el pago de servicios públicos por concepto de más de ocho mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2014[i].
El IDEXUD se convirtió en una fuente de recursos para autofinanciar la Universidad Distrital en medio de la asfixia presupuestal a la que han estado sometidas todas las Universidades Públicas, para tal propósito se le dieron amplias prerrogativas al director Muñoz. El asunto era así: el IDEXUD se encargaba de vender cada vez más diplomados y cursos de educación no formal y así conseguía enormes recursos para autofinanciar la Universidad, todo con un marco normativo que convertía al Instituto en una isla en medio de la universidad bajo control total de Wilman Muñoz.
Durante tres años no hubo rector en propiedad en la Universidad Distrital, así que en medio del desgobierno surgió un clima de movilización estudiantil debido a precarias condiciones de infraestructura y exigiendo mayor participación democrática. En 2016 se dio el proceso para designar rector. Dicho proceso consiste en una consulta a la comunidad universitaria en la cual el resultado no tiene carácter vinculante, no es una elección, es una consulta, pues la designación del rector es potestad del CSU presidido por el Alcalde Mayor, en donde los Gobiernos territoriales y Nacional tienen mayorías. Es decir, la consulta es un saludo a la bandera. En dicha consulta el voto en blanco obtuvo el 41%, lo cual, aunado al clima de movilización, llevó al CSU a designar un rector encargado mientras se realizaba de nuevo el proceso de consulta y designación. Finalmente, en noviembre 2017 se designó en propiedad Ricardo García como rector.
En 2017, nuevamente la Contraloría reportó hallazgos por malos manejos de recursos del IDEXUD, entre los cuales señaló incertidumbres en liquidaciones de contratos por mil setecientos millones de pesos durante el año anterior[ii]. Por segunda vez se encendían las alarmas, y nadie hizo nada.
Finalmente, en 2018 la Contraloría señaló la existencia de millonarios hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria y penal, y frente a los cuales la Universidad no presentó argumentos o soportes que desvirtuaran las graves observaciones hechas por el órgano de control.
En los últimos meses se ha conocido que, por lo menos, 10.490 millones de pesos del IDEXUD fueron despilfarrados bajo la dirección de Wilman Muñoz en gastos que incluyen automóviles de lujo, viajes y visitas a prostíbulos con cargo a la Universidad Distrital, en las cuales habría participado el ex rector Ricardo García, quien acepta haber ido a dichos lugares, pero niega que haya usado recursos de la universidad[iii].
La respuesta sobre en qué se gastaron los recursos del IDEXUD la tiene Muñoz, quien afirma que parte de éstos se destinaron a comprar apoyos para la elección del rector Ricardo García, así como para favorecer intereses de miembros del Gobierno Nacional y de la Administración Distrital[iv]. Además, afirmó a través de su abogado que el pago de los apoyos para que García fuera designado rector se habría hecho a través del Representante de los Egresados ante el CSU, Carlos Fajardo[v], quien además gestionaba coimas para asignar contratos de manera fraudulenta. Un escándalo Odebretch-Aval a menor escala.
Los hechos frente a los cuales la opinión pública tiene mayor certeza, son los hallazgos fiscales probados por la Contraloría y aceptados por Muñoz en aras de hacer un acuerdo con la Fiscalía. En lo que respecta a las demás personas salpicadas, aún se deben aclarar las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales.
El análisis de los hechos
La corrupción que está destruyendo a la Universidad Distrital –y a Colombia- no es un problema de manzanas podridas, es una corrupción sistémica, que va más allá de un problema de legalidad vs ilegalidad. No consiste simplemente en saltarse las normas, sino en capturarlas en beneficio propio y, en buena medida, la raíz de esta corrupción al interior de la Universidad se halla en la ausencia de autonomía y democracia, y en la asfixia presupuestal a la que ha sido sometida la Universidad Pública en su conjunto.
Si la autonomía es la facultad que tiene la comunidad universitaria para definir su rumbo en términos académicos y administrativos, la democracia es el mecanismo que la materializa[vi]. Hablar de autonomía universitaria con órganos de gobierno designados por poderes externos a la comunidad es un contrasentido, sin embargo, esa es la realidad de nuestras universidades públicas. La consecuencia de negar la autonomía y democracia universitaria ha sido que las universidades han sido capturadas de intereses políticos externos, tal como lo confesó Wilman Muñoz, quien afirma que la Universidad se convirtió en botín burocrático y cartera menor al servicio de varios políticos. Adquiere más vigencia que nunca la reivindicación histórica del movimiento universitario en pro del cogobierno en las universidades públicas.
Reducir la corrupción en el sector público a la violación de las normas supondría negar la posibilidad de que las normas puedan ser corruptas en sí mismas. Una definición más comprensiva de la corrupción la aporta Transparencia Internacional: “Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”[vii]. Esta definición asume que los Estados democráticos tienen como propósito la garantía de los derechos humanos, por tanto, los recursos estatales de todo tipo deben servir a este fin. La corrupción consiste en sustituir los fines de un Estado democrático por fines particulares a través de la captura del poder político.
En Colombia el clientelismo ha sido la manera más evidente de esta forma de corrupción. Esta práctica constituye un quiebre a la democracia, tanto en sus fines, pues se reemplaza la garantía de derechos por la captura privada de rentas públicas, como en sus procedimientos, por cuanto impide que opere una regla básica de la democracia que consiste en que quien gobierna mal es castigado en las urnas; en contraste, el clientelismo permite gobernar de la peor manera y aun así garantizar la continuidad del grupo político favorecido con la captura de las rentas públicas[viii].
Finalmente, la desidia frente a la Universidad Pública no tiene bandera. La justicia deberá aclarar responsabilidades fiscales, administrativas y penales, sin embargo, los hechos hoy permiten adjudicar responsabilidades políticas frente a malos manejos, tanto a la administración Petro, como a la administración Peñalosa, pues como ya se mencionó, el Alcalde Mayor preside el CSU, y buena parte de estas decisiones, así como los informes de la Contraloría pasaron por dicho órgano. Las responsabilidades políticas llegan hasta el Gobierno Nacional, pues la actual Ministra de Educación, María Victoria Angulo, fue Secretaria de Educación durante los primeros años de la administración Peñalosa, y ha admitido que tuvo conocimiento de los hechos, y pese a ello, la tozuda realidad prueba hoy que nada se hizo para impedir el saqueo de la Universidad Distrital[ix].
[i] Contraloría de Bogotá, (mayo de 2015). Informe de auditoría de regularidad. Recuperado de http://www1.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=84703eb1-addb-493e-bb2a-e51112e4803c&groupId=27581
[ii] Contraloría de Bogotá, (junio de 2017). Informe final de auditoría de regularidad. Recuperado de http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-de-control-interno/informes1#http://www1.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=12ca1f0d-4754-4170-a4b1-245ff37c441f&groupId=27581
[iii] “Rector de la U. Distrital se defiende: reconoce haber estado en club nocturno, pero que no se pagó con dineros de la universidad” (26 de septiembre de 2019). Noticias RCN. Recuperado de https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1177388016660340736?s=08&fbclid=IwAR0lUGmRPoLp3erA5RQ-D0wPF8kHwLsbqZhQ8zDICXdkgGZTD_vNAHjdUto
[iv] “Los otros ‘guardados’ del escándalo en la Universidad Distrital”. (1 de octubre de 2019). El Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/wilman-munoz-ofrece-denunciar-mas-corrupcion-en-la-universidad-distrital-418242
[v] “Con cuenta bancaria del instituto de extensión de U. Distrital habrían pagado servicios sexuales”, (21 de septiembre de 2019). Noticias UNO. Recuperado de https://canal1.com.co/noticias/con-cuenta-bancaria-del-instituto-de-extension-de-u-distrital-habrian-pagado-servicios-sexuales/
[vi] Centeno, E. (2015). “Los conceptos de autonomía y democracia universitaria en la universidad pública colombiana, en el marco de la globalización y a través de la educación por competencias. 1992 – 2013”. (Tesis de Pregrado). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
[vii] Amnistía Internacional (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, Recuperado de https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf
[viii] Robledo, J. (24 de marzo de 2017). “¿Manzanas podridas o corrupción sistémica?”. Recuperado de https://jorgerobledo.com/manzanas-podridas-o-corrupcion-sistemica/
[ix] “Mineducación advierte que tiene los “ojos puestos” sobre corrupción en la Distrital”. (30 de septiembre de 2019) RCN Radio. Recuperado de https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/mineducacion-advierte-que-tiene-los-ojos-puestos-sobre-corrupcion-en-la
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