En este mes de agosto se desataron las masacres en Colombia, que por hermenéutica del ordenamiento jurídico del país hay que llamarlas “homicidios colectivos”. De entrada, las normas dictadas por el Estado, que corresponden a las necesidades de la clase en el poder, les hacen una denominación eufemística para quitarle el terrible impacto que sobre las víctimas ocasiona esta horrible práctica de las masacres, que como expresó el candidato presidencial Jorge Robledo: «Se están volviendo un paisaje cotidiano del país». Tres asesinados en Venecia, Antioquia, incluido un menor de 17 años; seis víctimas más dejó otra masacre registrada en El Tambo, Cauca; una nueva masacre, que se ejecutó en Arauca, dejó un saldo de cinco personas asesinadas. Con estas son siete masacres en Colombia entre el 11 y el 23 de agosto que dejaron 30 personas asesinadas. El 11 de agosto fueron asesinados cinco menores en el barrio Llano Verde, en Cali; el 16 de agosto, ocho en Samaniego, Nariño, y el 18 de agosto, tres indígenas Awá en Ricaurte, también Nariño.
El periódico El Espectador publicó el 24 de este mes: «Volvió el horror: 43 masacres en Colombia en lo que va de 2020». En su nota interior expresa: «En siete meses y medio ya se contabilizan 181 víctimas mortales por cuenta de estos crímenes». Una investigación de Colombia 2020 para dicho diario dice: «Con información propia y con datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) logramos documentar las 43 masacres sucedidas entre el 11 de enero y el 22 de agosto». En este informe falta la de Venecia, Antioquia, con otros tres asesinatos. El artículo denuncia que «según la Fiscalía General de la Nación, entre noviembre de 2016 y julio de 2020, en el Cauca se presentaron 57 asesinatos a líderes sociales»: en Antioquia 48, en Norte de Santander 32, en el Valle del Cauca 26 y en Putumayo 20. Según Indepaz, van mil asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. O sea, no solo se están cometiendo masacres sino que continúan los asesinatos selectivos y sistemáticos de dirigentes, en pleno confinamiento, manteniendo a Colombia en uno de los primeros lugares en el poco honroso escalafón de los países más violentos del mundo.
La respuesta del presidente Iván Duque es un “laissez faire, laissez passer”, expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar», teoría que reduce el papel del Estado a un simple observador, como en el contexto económico del libre comercio en que funcionan los negocios privados. Así fue su pronunciamiento, que para bajar el volumen al reclamo social, ligó a las víctimas con el tráfico de drogas, lo que le valió una rechifla en Samaniego. Luego comparó las cifras con las de gobiernos anteriores, para terminar con un balance destemplado de obras en la región. No existe de su parte un verdadero compromiso con el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, que —de todo pelambre— deambulan por el país sembrando el terror. El Estado no tiene el monopolio de las armas por eso es incapaz de garantizar la vida de la población que, en su inmensa mayoría, rechaza la violencia provenga de donde provenga y le exige al gobierno del presidente Duque que detenga esa violencia que se “enseñorea” en el país, para que se garanticen las condiciones para que la Justicia actúe y acabe con la impunidad. ¡Colombia merece vivir en calma!
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