Cartagena ha venido siendo saqueada, tanto en su presupuesto como en su patrimonio, desde hace muchos años ante la mirada impávida de los entes de control y justicia, veedores, líderes sociales, periodistas y población que salvo escasas excepciones con su silencio se vuelven cómplices de la profunda crisis y los altos índices de miseria, pobreza e informalidad. Esa corrupción tiene múltiples formas, desde el robo burdo hasta la “legal”, a través de contratos y concesiones. Los sujetos causantes de ese abuso hoy son “huérfanos económicos” que no tienen el manejo del presupuesto, calculado en más de dos billones de pesos para la actual vigencia fiscal, que además perdieron el control sobre la explotación del patrimonio y con ello la probabilidad de seguir teniendo concesiones.
Ejemplo de esto es lo que acaba de suceder con la decisión del alcalde William Dau Chamatt, quien no prorrogó el Contrato de Concesión del Alumbrado Público (que desde 1998 administraba la Unión Temporal de Energía, Suministro, Montajes y Construcciones S. A, ISM S. A y Electroconstrucciones Ltda. —hoy, Consorcio Iluminemos—), y que había sido prorrogado por un año por el Concejo al otorgar facultades al exalcalde Pedrito Pereira. Según Cedetrabajo Cartagena, «el Consorcio Iluminemos ha obtenido unos ingresos por $516 mil millones con una Tasa Interna de Retorno del 28,76 %, cuando la CREG ha prescrito que la ganancia aceptable para este tipo de proyectos no puede superar el 13,9 %… En contraste, la tarifa de los usuarios ha crecido un 247 % y la facturación en un 459 %». Es lógico que este jugoso contrato tenga muchos dolientes, mas no el pueblo.
El alcalde Dau pidió el pasado 1 de octubre una auditoría forense a la prórroga del contrato con Aguas de Cartagena, que data del 25 de junio de 1995, por 26 años, prorrogado cuando quedaban 6 años para su vencimiento. O sea, que la empresa recibió una prórroga de 13 años a partir de 2021, para llegar a 39 años de vigencia del contrato. Dicha prórroga la hizo el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo. Mientras tanto, las tarifas se encarecen y son más frecuentes los cortes del servicio, y el sindicato denunció millonarios contratos de trabajo en la parte directiva. Solo entre 2013 y 2019, la empresa ha tenido utilidades acumuladas cercanas a los $150 mil millones.
Dau Chamatt tiene en la mira también el Corredor de Carga o Concesión Vial, «que según la Contraloría Distrital tendría un valor de $66.019 millones a precios de octubre de 1997, pero con cláusulas de otrosí y una Tasa Interna de Retorno de 17,22 %, desde 2001 a septiembre de 2013, sumando recaudo de peajes y valorización, se ubica en $381 mil millones y solo reconocen como recibidos $182 mil millones al traerlos a valor de 1997, según Valorización; para Inverlink, recibió cerca de $915.000 millones por peajes y valorización, más $260.000 millones por la Tasa Interna de Retorno a 2021, mejorando sus astronómicas ganancias» (Cedetrabajo). También Dau se opone a otra concesión del Corredor Turístico y Portuario, que incluye la Quinta Avenida de Manga, mediante una Alianza Público-Privada, que implica más peajes y fue aprobada a “las volandas” por el Concejo y firmada por el exalcalde Pedrito Pereira en los estertores de su Administración, que dejará multimillonarias utilidades a sus accionistas.
Por esa defensa de lo público, la lucha contra la pobreza, las libertades civiles y una Cartagena inclusiva es por lo que se debe respaldar al alcalde Dau. ¡Su revocatoria solo servirá a quienes quieren retomar el botín!
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