El campo nos toca a todos de una forma u otra y pasa por todo el que lo labra: sus campesinos, trabajadores, empresarios pequeños y grandes, y en general, todo lo relacionado con la producción agrícola. Hace unos años, en los grandes paros campesinos que fueron reconocidos gracias a la solidaridad de los citadinos que unidos llenamos 7 veces la Plaza de Bolívar vestidos con ruanas, escuchamos decir: “Importar alimentos, es traición a la patria”. Una frase para recordar este fin de semana en que se conmemora el día del campesino.
[bs-quote quote=»Importar alimentos es traición a la patria» style=»default» align=»left» author_name=»Luis Augusto Castro» author_job=»Arzobispo de Tunja»][/bs-quote]
Cada día estamos más convencidos de lo oportuna de esa afirmación. La política económica de los últimos 26 años -consistente en el reemplazo del trabajo nacional por trabajo extranjero- ha resultado catastrófica para quienes viven del campo: en este periodo, la agricultura pasó de representar el 17.7% del PIB a tan solo el 6.1% y pasamos de importar 700.000 toneladas de alimentos a casi 13 millones (cerca del 35% del consumo local). Resultado de esta pérdida de soberanía alimentaria ha sido la quiebra general y progresiva de gran cantidad de productores agrícolas, empezando por los pequeños productores de clima frío y llegando hoy a grandes productores de tierras templadas.
Hace unos meses organizaciones campesinas y empresariales del sector agropecuario junto a decenas de organizaciones sociales y comunitarias se dieron a la tarea de promover un Referendo por el Agro Nacional. Referendo que desde el periódico comunitario El Chapín asumimos como propio, pero que lastimosamente naufragó en medio de las dificultades de la participación ciudadana.
La iniciativa era una propuesta para reformar la Constitución y hacer de la protección y la promoción de la producción local una prioridad constitucional: el derecho de los productores colombianos a alimentar a las familias colombianas solicitando las garantías mínimas para la producción, no más de las que otros países ofrecen a su sector agropecuario.
Una parte fundamental de la propuesta consistía en el apoyo a la agricultura familiar (de mano de obra campesina) que agrupa al 87% de los productores del campo, y que aporta entre el 45% y 68% de la producción agrícola total. El problema del campo colombiano no radica en la menor eficiencia de los pequeños productores (que de hecho logran hacer un uso intensivo de la tierra), sino en su acceso desigual a activos productivos y a servicios y bienes públicos. De estos campesinos, que serían capaces alimentar a Colombia, sólo el 2% tiene acceso a todos los activos productivos básicos (tierras, asistencia técnica, crédito y riego intrapredial) y el 63% no tiene acceso a ninguno. En el campo hoy se vive con bajos ingresos y con una pobreza e indigencia 3 veces mayor a la que se vive en las ciudades.
Hoy necesitamos del campo (así como de la industria) para reencausarnos en la senda de la producción de riqueza y bienestar.
A Colombia la gobierna un grupo de personas que funciona como intermediarios, ya no solo de grandes negocios, sino también de intereses extranjeros y del capital financiero. Se mueven por intereses ajenos a los propios de la nación, y además les va bien mientras al país le va mal. Esto se puede ver claramente con la situación actual del campo Colombiano ya descrita. Hoy necesitamos del campo (así como de la industria) para reencausarnos en la senda de la producción de riqueza y bienestar. Unidos campesinos, empresarios y gente del común podremos hacerlo.
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